“Este es el compromiso firme de ETA con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada” prosigue.
Leídas y escuchadas innumerables, y lamentables, intervenciones que calificaron –en algunos casos por un enfoque errado y en otros por desprecio y oportunismo- este anuncio de insuficiente, demandando un mayor énfasis en la adjetivación de los enunciados del comunicado, uno sólo puede preguntarse si puede existir una solución definitiva que no sea irreversible. ¿No existe sinonimia entre ambos conceptos?
En las próximas semanas habrá un alud de análisis y opiniones sobre lo anunciado ayer. La legión de tertulianas/os del sistema seguro que reiterarán el argumentario que ayer daba la sensación que Rubalcaba había distribuido. Viendo la curiosa coincidencia, en la literalidad, en las reacciones de coordenadas ideológicas pretendidamente antagónicas (el ejemplo paradigmático fue la comparecencia de Cayo Lara) la tesis de una coordinación intencionada de los mensajes coge fuerza. Muchas voces, incluso aparentemente diversas, reproduciendo una y mil veces el mismo discurso.
El comunicado de ETA, firmado el mismo día (8 de enero) que se celebraba una multitudinaria movilización en Bilbo donde millares de vascas y vascos salieron a la calle a defender los derechos de los presos –y que el Partido Popular equiparó con defender violadores y pederastas-, además de ser una muy buena noticia es la manifestación concreta de un paso decisivo, de calado histórico, que avanza en el camino marcado por la izquierda abertzale.
Precisamente que se obvie algo tan salientable como es el hecho de que ETA por vez primera se someta a las posiciones de la izquierda abertzale evidencia la pobreza, interesada, del debate que se está a desatar. Quien hasta ayer denunciaba la sumisión del abertzalismo a la estrategia violenta de ETA hoy ni tan siquiera valora que la dinámica sea la inversa.
Lo cierto es que el compromiso político, que particularmente yo considero firme, de la izquierda abertzale con la resolución pacífica y por vías estrictamente democráticas (por tanto en ausencia completa de violencia) del conflicto vasco –que existe por más que se invisibilice- arranca ya bien atrás. La Declaración de Anoeta, de noviembre de 2004, representa el inicio de una nueva vía que – se truncaría con el fracaso de la tregua de 2006- ya que en ella se incluía cómo uno de los principios que asumía la hoy ilegalizada Batasuna “que la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas permitirá a materialización, sin límites ni restricciones, de todos los proyectos políticos”. En esa línea seguiría la propuesta presentada por Arnaldo Otegui a finales de 2009 en Venecia en un acto multitudinario, o el documento Zutik Euskal Herria en el que la izquierda abertzale apuesta sin paliativos por la vía estrictamente política y democrática –asumiendo los Principios de Mitchell- de febrero del pasado año, y sobre el que se está basar este nuevo momento político en Euskal Herria.
La declaración de Bruselas de marzo de 2010, firmada por varios premios Nobel de la Paz, e incluso con la adhesión de Nelson Mandela, solicitaba a ETA precisamente un alto al fuego “permanente y verificable”, y requería que una vez realizado el Gobierno Español lo atendiese para permitir “que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se consiga una paz duradera”.
Pero sería el histórico acuerdo de Gernika, suscrito por Izquierda Abertzale, EA, Aralar, AB, Alternatiba, LAB y otras treinta organizaciones políticas, sindicales y sociales de Euskal Herria en septiembre del año pasado, el documento que concretara las condiciones necesarias que exige a solución pacífica del conflicto. Condiciones que implican, como es lógico, tanto a ETA como al gobierno español.
¿Cuáles son esas exigentes y prepotentes condiciones? De entrada el fin de toda forma de violencia (incluidas las amenazas, extorsiones…) como expresión de voluntad para un definitivo abandono de las armas, aspecto al que de entrada ETA dio respuesta adoptando un alto al fuego general. Pero también la normalización política en clave estrictamente democrática, que sólo puede pasar por el fin del estado de excepción instaurado de facto en EH, con la negación de derechos civiles y políticos (ilegalizaciones al amparo de la Ley de Partidos, tribunales especiales…). Y por último que se deje de vulnerar derechos fundamentales en el ámbito judicial y penitenciario, especialmente en lo referido a la situación del colectivo de presas y presos.
¿Dónde está el prepotente chantaje? ¿Dónde están las exigencias inadmisibles? Las condiciones de la izquierda abertzale son estrictamente democráticas y debían estar ya satisfechas si el presunto Estado de Derecho que rige a democracia formal española no fuera tan endeble e inconsistente cómo ella. Tal es así que la propia Amnistía Internacional demandó al gobierno español el acercamiento de las/los presas/os y el fin del régimen de incomunicación y otras conculcaciones penitenciarias.
La valoración del escenario que se abre tras el alto al fuego declarado por ETA, como señalé antes, sólo pode ser positiva por ser un paso bien importante que viabiliza el deseado final del conflicto. Hay que operar con altura de miras y con generosidad para aprovechar esta oportunidad histórica, como con acierto reclamó ERC en una de las pocas reacciones certeras al comunicado.
Pero para eso, quien acreditamos en el imprescindible fin de la violencia y también por la normalización política y democrática de Euskal Herria, debemos principiar por exigir al gobierno español que atienda y responda al paso dado por ETA, esto es: que dé también pasos comenzando por cesar de inmediato la violencia estructural que aplica contra una parte importante del pueblo vasco, privados de poder llevar adelante un proyecto político, el de la izquierda abertzale, que por más incómodo que sea para las clases dominantes es absolutamente legítimo y democrático.
Eso pasa irremisiblemente por la concurrencia electoral de la izquierda abertzale en los comicios municipales del próximo mes de mayo.
Xabier Pérez Igrexas (Vigo, Galiza, 1984), colaborador de opinión en diferentes medios de comunicación, forma parte de diversos movimientos sociales y participa de la Confederación Intersindical Galega (CIG), central sindical nacionalista y de clase. Políticamente está vinculado al nacionalismo gallego, siendo en la actualidad Vice Responsable Comarcal de Galiza Nova, organización juvenil del Bloque Nacionalista Galego (BNG), en Vigo. Es militante de la Unión do Povo Galego (UPG), partido comunista patriótico integrante del BNG. Es autor del blog "Contradiscurso" (www.contradiscurso.net).
Casi todos lo medios del régimen siguen las pautas de CNI
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